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Por Jocelyn Medina
@JosMedinam
Arturo Escobar y Vega fue separado de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob). La acción fue tomada después de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) emitió una orden de aprehensión en su contra por haber cometido delitos electorales.
Por su parte, el ex servidor público declaró: “He notificado a la Secretaría de Gobernación la decisión de separarme del cargo que venía desempeñando con el objetivo de facilitar el adecuado curso de las investigaciones”.
La FEPADE responsabiliza al presidente del Partido Verde Ecologista de México de delito de coacción y compra del voto durante el pasado proceso electoral, así como elaboración y reparto indebido de 10 mil tarjetas Premia Platino. Lo anterior se contempla en el Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales:
“Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.
La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”.
Respecto a la orden de la FEPADE, el Partido Verde mediante un comunicado manifestó apoyo incondicional a su ex dirigente. “El Partido Verde expresa su total respaldo al Lic. Arturo Escobar y Vega pues siempre se ha conducido con apego a la ley, tanto en su carácter de representante legal de nuestra institución política, como en su carácter de servidor público”.
Pasaron meses para que las acciones legales por parte del gobierno federal fueran acordes respecto a la sanción que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el pasado julio, con una suma 20 millones 176, 540 pesos y que contempla todos los actos ilícitos realizados en la campaña electoral: entrega de tarjetas Premia Platino, boletos para asistir a funciones en salas de cine, distribución del papel para envolver tortillas con el emblema del PVEM y entrega de lentes gratuitos.
Cabe destacar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), había rebajado una multa acumulada de 11.4 millones de pesos a solo 1 millón 189 mil pesos.
No debemos permitir la impunidad.
Toda la ley.
Estoy de acuerdo…. toda la ley